Manifiesto por una Nube y una Inteligencia Artificial Justas

No existe deliberación democrática efectiva cuando la información sobre consumo y fuentes de agua y energía, emisiones, infraestructura asociada, modificaciones o planes de expansión permanece fuera del escrutinio público o no puede ser verificada de manera independiente.

Los impactos de la infraestructura digital no se distribuyen por igual. Las comunidades que comparten las fuentes de agua y energía, quienes desarrollan actividades productivas locales y quienes dependen directamente de los ecosistemas enfrentan riesgos y costos distintos de quienes consumen servicios digitales a cientos o miles de kilómetros de distancia.

La infraestructura digital puede conectar territorios y generar beneficios, pero también profundizar desigualdades cuando la capacidad de decisión y los beneficios se concentran en algunos actores, mientras otros territorios aportan agua, electricidad, minerales, suelo y capacidad ecológica y asumen una parte desproporcionada de sus impactos. Esta expansión puede reforzar modelos extractivistas y dinámicas de concentración del poder económico, y articularse con formas autoritarias de imponer decisiones sobre los territorios.

No existen territorios sacrificables para sostener la expansión digital.

No aceptamos que las empresas que proponen o desarrollan los proyectos definan por sí solas qué impactos deben evaluarse, cómo deben medirse y qué información resulta relevante para determinar su viabilidad.

Las comunidades conocen sus territorios. Sus experiencias y saberes, incluidos los ancestrales, permiten reconocer cambios en el agua, los ecosistemas, las actividades productivas y las condiciones de vida que no siempre son incorporados adecuadamente en los estudios técnicos. Estos conocimientos también expresan vínculos bioculturales entre los territorios, las identidades y las formas de vida. La investigación académica independiente contribuye a comprender procesos ambientales, económicos, sociales y políticos. Las personas defensoras, el periodismo y las organizaciones sociales contribuyen a revelar información, decisiones y relaciones de poder que muchas veces permanecen fuera del escrutinio público.

Los conocimientos territoriales y ancestrales deben dialogar en condiciones de respeto y reconocimiento mutuo con los conocimientos académicos, científicos y periodísticos. Este intercambio debe responder a las prioridades de las comunidades y fortalecer su autonomía para evaluar los impactos, participar en las decisiones y defender sus territorios.

Por eso defendemos la investigación independiente, el acceso público, oportuno y comprensible a los datos, el monitoreo comunitario y el derecho de las comunidades a contar con asesoría científica, técnica, jurídica y ambiental independiente y elegida por ellas mismas.

Defendemos que la vida, los derechos de las comunidades y los límites ecológicos están antes que la expansión digital. Ninguna empresa posee un derecho automático sobre el agua, la energía, el suelo o los ecosistemas.

Defendemos que nada debe decidirse sobre los territorios sin sus comunidades. La participación debe comenzar desde las etapas iniciales de los proyectos, cuando todavía existen alternativas reales, y antes de que se adopten decisiones irreversibles sobre su localización o autorización. Debe permitir modificar, reducir, relocalizar o detener un proyecto.

Defendemos el principio de precaución. Cuando existan riesgos significativos o información insuficiente, gobiernos y empresas deben demostrar, antes de autorizar o construir un proyecto, que este puede desarrollarse sin vulnerar derechos, provocar daños ambientales significativos ni sobrepasar los límites ecológicos de los territorios.

Defendemos evaluaciones integrales, territoriales y acumulativas. Estas deben considerar conjuntamente instalaciones existentes, aprobadas y proyectadas; ampliaciones; demanda energética y consumo de agua; infraestructura asociada; cadenas de suministro y concentración territorial. También deben abarcar el ciclo de vida completo de los proyectos, desde la preparación y transformación del terreno hasta su construcción, operación, ampliación, desmantelamiento y cierre, considerando sus impactos directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos.

También rechazamos la idea de que la eficiencia o las compensaciones justifiquen un crecimiento ilimitado. Una instalación puede consumir menos recursos por operación y, al mismo tiempo, formar parte de una expansión que aumente el consumo total de agua, energía, minerales y territorio. La eficiencia no puede convertirse en una licencia para crecer sin límites, ni sustituir el respeto de los derechos y el control democrático de las decisiones. Defendemos la suficiencia digital: discutir colectivamente qué usos digitales necesitamos, quién define esas necesidades, qué recursos estamos dispuestos a destinarles y qué escalas son compatibles con los límites ecológicos y sociales.

También debemos discutir democráticamente los fines para los cuales se utilizan los recursos naturales y la capacidad computacional, incluidos el almacenamiento y procesamiento de información y el entrenamiento y operación de sistemas de inteligencia artificial. Rechazamos que la inteligencia artificial se presente como una solución universal a los problemas sociales, económicos y ambientales o como la única trayectoria posible de desarrollo tecnológico. La evaluación de estas infraestructuras debe considerar cuánto consumen, para qué fines se destinan los recursos, a quiénes benefician y quiénes deciden sobre sus usos. Estos deben respetar los derechos humanos, la igualdad y la democracia, y responder a necesidades definidas colectivamente, reconociendo otras formas de desarrollar y utilizar tecnologías.

Frente a la expansión acelerada de centros de datos y otras infraestructuras digitales, exigimos acciones concretas para proteger los derechos de las comunidades, los territorios y los límites ecológicos:

• Moratorias y suspensiones. Los gobiernos deben suspender nuevas autorizaciones, ampliaciones y construcciones de centros de datos mientras no se demuestre, mediante información pública, suficiente, verificable e independiente, que los proyectos son compatibles con la disponibilidad hídrica y energética y los límites ecológicos y sociales de los territorios. Esta demostración debe sustentarse en evaluaciones integrales y acumulativas de sus impactos y en procesos de participación comunitaria efectiva con capacidad real de incidencia. Los Estados deben establecer o adecuar los instrumentos normativos necesarios para hacer efectivas estas moratorias o suspensiones. La ausencia de regulación, información o evaluación suficiente no puede convertirse en permiso para seguir construyendo.

• Prioridad para la vida y los ecosistemas. El acceso al agua, la estabilidad y seguridad energética, la salud, la seguridad alimentaria, las actividades esenciales de las comunidades y la integridad de los ecosistemas deben prevalecer sobre nuevos consumos asociados a la expansión digital. Las decisiones sobre localización y escala de estas infraestructuras deben respetar los límites hídricos, energéticos, ecológicos y sociales de cada territorio.

• Regulación específica y vinculante. Los Estados deben establecer marcos regulatorios adecuados a las características e impactos de los centros de datos, con obligaciones claras sobre uso de agua y energía, localización, emisiones, residuos, infraestructura asociada, transparencia, participación, fiscalización, ampliaciones, responsabilidad y cierre. Estas regulaciones deben proteger los derechos de las comunidades y establecer mecanismos efectivos de supervisión y cumplimiento. Las decisiones no pueden delegarse al mercado ni depender únicamente de compromisos voluntarios de las empresas.

• Evaluación territorial, integral y acumulativa. Antes de aprobar nuevos proyectos o ampliaciones, las autoridades deben determinar cuánta infraestructura puede soportar una cuenca, una ciudad, una red eléctrica o una región, considerando conjuntamente las instalaciones existentes, aprobadas y proyectadas. Las evaluaciones deben abarcar todo el ciclo de vida de los proyectos y su infraestructura asociada, desde la preparación del terreno y la construcción hasta la operación, las ampliaciones, el cierre y el desmantelamiento, considerando sus impactos directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos sobre los territorios y las comunidades.

• Transparencia y trazabilidad obligatorias. La información sobre los proyectos debe ser pública, accesible, comprensible, actualizada y susceptible de verificación independiente. Deben poder consultarse los permisos y autorizaciones, evaluaciones ambientales, propiedad y capacidad instalada, fuentes y volúmenes de agua, demanda y fuentes de energía, sistemas de refrigeración, emisiones, descargas y residuos, infraestructura asociada, modificaciones y ampliaciones, así como los resultados de monitoreo y fiscalización.

• Participación temprana y con capacidad real de incidencia. Las comunidades deben participar desde las etapas iniciales de los proyectos, antes de la selección definitiva de su localización y del otorgamiento de autorizaciones, cuando todavía existan alternativas reales. Las comunidades y personas defensoras de derechos y territorios deben contar con información completa y comprensible, plazos adecuados y acceso a asesoría técnica y jurídica independiente. La participación debe permitir modificar, reducir, relocalizar o detener un proyecto y no puede limitarse a informar decisiones previamente adoptadas.

• Prioridad para la vida y los ecosistemas. El acceso al agua, la estabilidad y seguridad energética, la salud, la seguridad alimentaria, las actividades esenciales de las comunidades y la integridad de los ecosistemas deben prevalecer sobre nuevos consumos asociados a la expansión digital. Las decisiones sobre localización y escala de estas infraestructuras deben respetar los límites hídricos, energéticos, ecológicos y sociales de cada territorio.

• Responsabilidad efectiva y límites a las compensaciones. Las empresas y demás actores que desarrollan, financian o se benefician de estas infraestructuras deben prevenir y evitar sus impactos y, cuando ello no sea posible, reducirlos y repararlos. Las compensaciones deben considerarse únicamente después de haber aplicado medidas efectivas de prevención y reducción, y nunca pueden utilizarse para legitimar proyectos incompatibles con los derechos de las comunidades o con la capacidad ecológica y social de un territorio.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger el interés público y garantizar los derechos de las comunidades y de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales. Nos preocupa que se promueva la instalación de infraestructura tecnológica mediante incentivos, facilidades regulatorias o anuncios de inversión antes de establecer reglas claras, evaluar integralmente sus impactos y asegurar una participación pública efectiva. La atracción de inversiones no puede anteceder ni sustituir estas garantías.

Nos preocupa que algunas políticas públicas prioricen la atracción de proyectos de centros de datos o adapten marcos regulatorios para facilitar su instalación sin evaluar suficientemente sus consecuencias ambientales, sociales y territoriales. Rechazamos que decisiones de esta magnitud se adopten sin una participación local efectiva, sin información suficiente y verificable o sin considerar adecuadamente las observaciones y decisiones de las comunidades e instituciones territoriales afectadas. Las políticas públicas sobre infraestructura digital deben sustentarse en evidencia independiente, transparencia, participación democrática y protección del interés público.

También exigimos responsabilidad a las empresas tecnológicas y a quienes desarrollan estos proyectos. Las metas globales de sostenibilidad no sustituyen la obligación de informar de manera pública y verificable los impactos concretos de cada instalación sobre el agua, la energía, los ecosistemas y los territorios. Del mismo modo, las promesas de empleo, inversión o innovación deben sustentarse en información verificable y evaluarse públicamente junto con sus costos ambientales, sociales y territoriales.

La responsabilidad no termina en quienes operan directamente estas infraestructuras. Las empresas tecnológicas, desarrolladores, propietarios, empresas mineras y demás proveedores de materiales y equipos, junto con inversores, bancos, aseguradoras y otros actores que financian, posibilitan o se benefician de su expansión, deben asumir responsabilidades proporcionales a su participación en los proyectos y sus cadenas de suministro. Deben actuar con debida diligencia respecto de los impactos ambientales, sociales y territoriales de sus actividades, incluidos los asociados a la extracción de minerales, la deforestación y la degradación de los ecosistemas.

No rechazamos la tecnología. Rechazamos que su expansión se realice de manera autoritaria, sin control democrático y a costa de las comunidades, los territorios y el planeta.

Queremos infraestructuras digitales socialmente útiles, transparentes, democráticamente gobernadas, respetuosas de los derechos y compatibles con los límites ecológicos y sociales de los territorios. Queremos decidir colectivamente qué tecnologías e infraestructuras necesitamos, para qué fines y a qué escala; cuáles justifican el uso de recursos públicos y naturales; cuáles deben cambiar de escala o ubicación; y cuáles directamente no son compatibles con determinados territorios.

Defendemos la posibilidad de crear y sostener tecnologías comunitarias, descentralizadas y de pequeña escala, definidas y gobernadas por quienes las utilizan. Reconocemos también las tecnologías sociales y ancestrales y su valor biocultural, que vincula conocimientos, identidades y formas de cuidar y habitar los territorios. Los futuros tecnológicos deben abrir espacio a esta diversidad y responder a las necesidades de las comunidades, sin imponer el crecimiento continuo de la infraestructura ni la adopción de inteligencia artificial como destinos inevitables.

Frente a una infraestructura digital que con frecuencia se presenta como inevitable, afirmamos el derecho de las comunidades y las sociedades a participar en las decisiones sobre su desarrollo, escala y localización, desde el ámbito local y territorial hasta los niveles regional, nacional e internacional.

La nube no está en el aire. Está en nuestros ríos, nuestros sistemas eléctricos, nuestros suelos, nuestros minerales y nuestros territorios.

No queremos adaptar la vida a una expansión ilimitada de la nube. Queremos una infraestructura digital que reconozca sus límites, respete los derechos, rinda cuentas ante las comunidades y esté al servicio de la vida.